Edgar Sánchez Quintana

Por Edgar Sánchez Quintana

En Tlaxcala, como en casi todo el país, la discusión pública sobre la obra suele nublarse por un hábito viejo: creer que todo proyecto gubernamental debe juzgarse en bloque, como si solo hubiera dos opciones posibles, aplaudir sin reservas o condenar sin matices. Pero la realidad urbana rara vez cabe en ese simplismo. Las ciudades, las zonas metropolitanas y los corredores de desarrollo no se construyen únicamente con concreto, presupuestos y maquinaria; también se construyen con confianza pública, con información verificable y con la sensación de que aquello que se anuncia tiene detrás un expediente tan sólido como su discurso. Ese es, precisamente, el punto de partida para mirar hoy a Tlaxcala: no desde la descalificación automática, sino desde una exigencia más adulta y más democrática.

Decir que Tlaxcala carece de visión urbana de largo plazo sería, a la luz de los documentos disponibles, una afirmación injusta. Lo que existe no es un vacío, sino una arquitectura de planeación dispersa, a veces poco visible para la ciudadanía común, pero real. La evidencia más contundente es el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, entregado por la SEDATU en 2020 para 19 municipios, alrededor de 60 mil hectáreas, cerca de 600 mil habitantes y con una visión a 2040. A ello se suma el Programa Metropolitano Puebla-Tlaxcala, presentado en 2023 para una región de 39 municipios y 3.2 millones de habitantes, con estrategias sobre movilidad, residuos, saneamiento y organización policéntrica del territorio. No son papeles menores: son, en rigor, la prueba de que Tlaxcala sí está pensándose en clave metropolitana y más allá del calendario sexenal.

“El instrumento contempla una visión a 2040 y permitirá establecer una ruta integral para el crecimiento urbano, la movilidad, el medio ambiente y el desarrollo económico de la zona metropolitana”.

Esa frase, proveniente de la autoridad federal, vale más que muchos discursos de coyuntura. Y si se le añade el Convenio Marco de Coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2022, mediante el cual SEDATU, el gobierno estatal y municipios tlaxcaltecas acuerdan impulsar el ordenamiento territorial y la planeación urbana, el mapa se aclara todavía más: hay una continuidad institucional que rebasa la improvisación y que intenta amarrar, al menos en el plano normativo, una agenda común. El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 completa ese andamiaje como instrumento sexenal de gobierno. En otras palabras, Tlaxcala sí tiene una visión; el problema no es la inexistencia del rumbo, sino la manera irregular en que ese rumbo se traduce a la conversación pública.

Cuando esa mirada macro se aterriza en los proyectos en marcha, la hipótesis se confirma. El Distribuidor Vial Santa Ana, con una inversión de 500 millones de pesos, no es una obra ornamental: está diseñado para aliviar un nodo histórico de congestión y reducir hasta 30 minutos los traslados en el corredor Tlaxcala-Puebla. El nuevo Hospital General Regional del IMSS en San Esteban Tizatlán, con 180 camas, responde al crecimiento de la población derechohabiente y reorganiza territorialmente la atención médica de alta complejidad. La llamada Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, entre Amaxac y Yauhquemehcan, se anunció con 146 millones de pesos, no solo como equipamiento cultural, sino como detonador de desarrollo regional. En Huamantla, el PODECOBI —127 hectáreas, 100 millones de dólares y más de 3 mil empleos— proyecta una transformación que ya no puede leerse solo en clave industrial, porque incorpora vivienda, servicios, escuelas, agua y transporte.

A esa cadena deben añadirse la Central de Abasto en Huamantla, pensada como pieza de articulación comercial para el oriente del estado; la Ciudad de la Inclusión en el antiguo Hospital General, como reutilización social de infraestructura pública; y el propio Parque de la Juventud, o Ciudad de la Juventud, cuya inversión pública se defendió en una versión de 22.8 millones de pesos, aunque su ejecución fue posteriormente reprogramada. Quien mire este conjunto con honestidad intelectual tendrá que aceptar algo elemental: sí hay proyectos importantes y necesarios. Sería mezquino negarlo. Hay movilidad, salud, cultura, inclusión, logística y equipamiento regional. Hay, por tanto, obra con sentido territorial.

Sin embargo, la pregunta decisiva no es si Tlaxcala tiene o no tiene proyectos. La pregunta decisiva es cómo los comunica, cómo los legitima y en qué momento hace públicos sus soportes técnicos. Ahí es donde el caso del Parque de la Juventud se vuelve ejemplar, no porque sea el más grande de todos, sino porque concentra, como en una gota de agua, las tensiones de la nueva gobernabilidad: el desfase entre la intención de hacer obra y la obligación democrática de explicarla bien.

El proyecto fue presentado públicamente en octubre de 2023, en una narrativa ambiciosa que hablaba de una Ciudad de la Juventud y de una inversión total de 116,000,000.00 pesos en dos etapas. La idea estaba cargada de símbolos contemporáneos: deporte, convivencia, accesibilidad, sustentabilidad, reforestación, captación pluvial, jardines de lluvia. En el papel promocional, sonaba a renovación integral. En el terreno político, sin embargo, nació con una falla de origen: entró al debate público sin que la ciudadanía pudiera verificar, desde el principio, el estado real de los permisos ambientales federales.

El 14 de noviembre de 2023, cuando la discusión ya había escalado, el secretario estatal de Medio Ambiente reconoció que la obra “aún no cuenta con los permisos federales necesarios para su ejecución”. Esa declaración es más que un dato: es una escena política. Significa que el proyecto se anunció primero y explicó después; que el expediente llegó tarde al debate; que la pedagogía pública ocurrió cuando la protesta ya estaba encendida. Y cuando un gobierno se ve obligado a aclarar a mitad del incendio lo que debió transparentar antes de encender el cerillo, el problema deja de ser técnico y se vuelve un problema de credibilidad.

Las semanas siguientes profundizaron esa percepción. El 14 de noviembre de 2023, el colectivo Salvemos al Parque de la Juventud denunció que no se les había entregado el proyecto ejecutivo, los estudios ambientales, la metodología y resultados de la consulta, ni los permisos. El 23 de noviembre, el secretario de Infraestructura sostuvo que la obra se realizaría cuando se contara con todos los permisos y añadió que los estudios ambientales y técnicos ya se habían entregado y estaban en espera de respuesta. La cronología es reveladora: los estudios aparecieron en la conversación pública durante la protesta, no antes de ella. Eso no es un detalle administrativo; es el centro del conflicto. Un estudio que llega tarde, aunque exista, pierde parte de su capacidad de generar confianza.

También fue problemática la manera en que el proyecto cambió de forma frente a la ciudadanía. En su versión inicial se habló de una alberca olímpica y de un “Edificio Administrativo y de Servicios para la Secretaría de la Juventud”. Más tarde, la alberca fue descartada; el estanque también salió de la defensa oficial más reciente; y el componente administrativo ligado al aparato de juventud se volvió difuso, hasta quedar desdibujado en el expediente público accesible. No es que un proyecto no pueda modificarse: todo proyecto serio se corrige. Lo grave es que esos ajustes no hayan venido acompañados de una explicación pública integral, comparativa y pedagógica. En la conversación social quedó la impresión de un diseño movedizo, no de una planeación afinada.

A esa opacidad parcial se sumó una contradicción difícil de digerir para cualquier observador razonable. Mientras públicamente se hablaba de una obra “en etapa de licitación” el 23 de octubre de 2023, reportes periodísticos posteriores identificaron que ese mismo día se habría pagado un anticipo de 34,941,121.22 pesos, equivalente al 30% de la primera etapa, a la empresa Infraestructura Saggezza, bajo el contrato SI/INFRA-2023/11-01. Si la información es correcta, la cronología administrativa quedó mucho más adelantada que la cronología de la comunicación pública. Y cuando el dinero corre más rápido que la explicación, la sospecha ocupa el sitio de la confianza.

El desajuste se agravó todavía más con el presupuesto. El proyecto originalmente publicitado en 116 millones de pesos terminó siendo defendido después como una intervención de 22.8 millones, sin que mediara una justificación pública, clara y exhaustiva sobre el recorte, el cambio de alcance o la reformulación técnica. La pregunta ciudadana era elemental: si antes costaba una cantidad y después otra muy distinta, ¿qué se quitó, por qué se quitó, quién lo decidió y en qué documento puede verse ese ajuste? Cuando la respuesta no llega en forma de expediente abierto, cada rumor comienza a parecerle verosímil a alguien.

Ni siquiera la apelación a la participación logró cerrar la herida. La narrativa oficial quiso sostener que el proyecto tenía respaldo social, y en enero de 2024 se difundió una encuesta con 105,000 respuestas. La cifra fue cuestionada metodológicamente por la prensa crítica debido a la falta de controles claros y a su desproporción con la población usuaria del parque e incluso con los tamaños de referencia locales. En vez de fortalecer la legitimidad, la encuesta abrió otra grieta. La participación no puede ser solo abundancia numérica; debe ser también trazabilidad metodológica. De otro modo, la consulta parece propaganda con disfraz estadístico.

Todo esto permite formular la tesis central con la serenidad que el debate merece. No se trata de atacar al gobierno de la 4T en Tlaxcala. Tampoco de negar que existan obras necesarias, ni de reducir toda política pública a una caricatura oposicionista. Sería intelectualmente pobre y políticamente estéril. La tesis es otra: si este gobierno quiere estar a la altura de sus propios principios, ya no puede gobernar como se gobernaba antes. La promesa ética de la transformación —no robar, no mentir y no traicionar— no puede quedarse en el terreno del lema; tiene que convertirse en método administrativo visible.

Eso significa que cada gran proyecto debería nacer ante la ciudadanía con una carpeta mínima abierta: presupuesto total y por etapas; licitación o fundamento de contratación; empresas participantes y empresa ganadora; calendario de obra; dependencias responsables; permisos requeridos y permisos obtenidos; estudios ambientales y técnicos; versión comparativa del proyecto en caso de ajustes; y mecanismos de participación con metodología comprobable. No porque la ciudadanía sea enemiga de la obra, sino porque una sociedad más informada es, también, una sociedad más capaz de defender los proyectos que sí están bien hechos.

El Parque de la Juventud deja una lección severa: la comunicación gubernamental fue reactiva, no preventiva. El gobierno salió a explicar cuando ya estaba siendo impugnado; salió a prometer diálogo cuando el expediente ya se sentía opaco; salió a decir que no habría tala cuando la conversación social ya no giraba solo en torno a los árboles, sino en torno a la confianza. Y la confianza, una vez fisurada, no se repara con boletines aislados ni con frases de ocasión. Se repara con consistencia documental, con cronologías limpias y con la humildad institucional de decir: esto es lo que sabemos, esto es lo que falta y esto es lo que vamos a corregir.

Hay, por lo tanto, una salida. Tlaxcala puede convertir este episodio en una corrección de rumbo. Puede demostrar que la planeación de largo plazo y la transparencia cotidiana no son rivales, sino aliadas. Puede hacer del urbanismo no solo una práctica técnica, sino una pedagogía pública. Y puede entender que la ciudadanía no exige perfección absoluta, sino franqueza, coherencia y datos verificables. Un gobierno que comunica de frente no se debilita: se blinda moralmente.

Al final, toda obra pública busca transformar un espacio; pero toda buena política pública debe transformar, además, la relación entre autoridad y sociedad. Tlaxcala necesita distribuidores viales, hospitales, polos de desarrollo, infraestructura cultural, espacios de inclusión y parques dignos. Pero necesita, con la misma urgencia, creer en la palabra de sus autoridades. Para eso no bastan los anuncios ni los renders. Hace falta una nueva disciplina del servicio público: explicar antes, documentar mejor, reconocer a tiempo, corregir sin soberbia. Solo así el eslogan que ha marcado a la 4T —“no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Tlaxcala”— dejará de ser una consigna de atril para convertirse en la frente visible de cada funcionario.

Invitación a la Acción:

El urbanismo es el espejo de nuestra democracia. ¿Crees que la transparencia en la obra pública es el camino para recuperar la confianza en nuestras instituciones? Te invito a compartir tu opinión y a sumarte a esta exigencia de una gobernabilidad más abierta y participativa para Tlaxcala. ¡Tu voz es el cimiento de nuestra ciudad!

Referencias

•SEDATU. (2020). Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco.

•SEDATU / Gobierno de Tlaxcala / Gobierno de Puebla. (2023). Programa Metropolitano Puebla-Tlaxcala.

•Diario Oficial de la Federación (DOF). (2022). Convenio Marco de Coordinación SEDATU-Tlaxcala.

•Gobierno del Estado de Tlaxcala. Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

•Secretaría de Infraestructura (SI). Expedientes de Obra Pública 2023-2024.

•Colectivo Salvemos al Parque de la Juventud. Comunicados y peticiones de transparencia.

•Reportes periodísticos locales y nacionales (La Jornada de Oriente, El Sol de Tlaxcala, Urbano).